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Noticias Portada - 30 de enero de 2019

La FAPE considera inaceptable que el juez Miguel Florit controlara los teléfonos de Efe para desvelar una fuente informativa

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La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de Periodistas de Baleares (APIB) han calificado de medida desproporcionada y que atenta contra el libre ejercicio del periodismo y el derecho constitucional de los periodistas al secreto profesional la noticia de que el juez del caso Cursach, Miguel Florit pidió el registro de un año de llamadas de la delegación de la Agencia Efe en Baleares y de las comunicaciones y la ubicación del teléfono móvil de una redactora con el propósito de identificar las fuentes de una información relativa a la investigación judicial.

Foto: El País

Foto: El País

La Agencia Efe denunció el día 28 este auto del juez, que se suma a la orden por la que la Policía incautó móviles y documentación a dos redactores de Efe y Diario de Mallorca dentro de esta misma investigación. La actuación del juez Florit en esta causa está siendo investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares a raíz de la querella por presunta prevaricación presentada contra el magistrado por los dos periodistas a quienes se requisaron los teléfonos móviles y por Europa Press y Diario de Mallorca.

Las actuaciones del juez fueron condenadas unánimemente por todos los colectivos del mundo del periodismo, como esta última revelación, contra la que también se han pronunciado el Consejo de Redacción y el Consejo de Administración de EFE, rechazando el control de los teléfonos de los periodistas de la delegación de Baleares y apoyando a los trabajadores.

La FAPE y la APIB consideran que Florit vuelve a ignorar una norma fundamental del ordenamiento jurídico, como es el derecho al secreto profesional, afirman que la actuación contra EFE es desproporcionada y recuerdan al juez que el secreto profesional no solo es un derecho constitucional fundamental de los periodistas sino que es un deber que les obliga a mantener la confidencialidad de sus fuentes. También recuerdan que la jurisprudencia exime del delito de violación de secretos a los periodistas y lo atribuye a los funcionarios que hayan facilitado las filtraciones.

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