La FAPE ha emitido un comunicado de protesta por el cese de dos periodistas profesoras de Lengua Castellana y Literatura por la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha, tras serles adjudicada plaza, al poseer una Licenciatura en Periodismo. Tras este nuevo episodio de agravio a los periodistas que han realizado el Máster de Acceso a la Educación para impartir estas materias, la FAPE, que forma parte de la Plataforma de Periodistas Vetados en Educación, ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo para que intervenga ante un problema que afecta a centenares de periodistas docentes, teniendo en cuenta que el máster oficial para ejercer como docente ofertado por varias universidades contempla como vía preferente para los titulados en Periodismo esta especialización, y ha vuelto a lamentar la actitud tanto de la Administración central como las autonómicas y los partidos políticos.
En el caso ahora denunciado, dos tituladas en Periodismo fueron incluidas en la bolsa de trabajo de la especialidad, para cubrir puestos como interinas, tras haberse presentado a las oposiciones de secundaria de 2018 sin haber superado la prueba. Un mes después de incorporarse a su puesto se las advirtió de una revisión de oficio para comprobar que contaban con la titulación requerida y tres semanas más tarde, se les informó por teléfono de que debían abandonar su puesto de trabajo, advirtiendo que podrían causar daños “de imposible o difícil reparación a los alumnos y a la propia Administración Educativa”. Además se trata de una decisión, contra la que se advierte que no cabe recurso por la vía administrativa, al tratarse de un “acto de trámite no cualificado”, lo que para la FAPE “parece anormal y contrario a Derecho”.
Se trata del último episodio de aplicación del Real Decreto 860/2010 que impide ejercer como profesores de estas asignaturas a profesionales de carreras que no estén adscritas a Humanidades (Periodismo pertenece a Ciencias Sociales), lo que ha supuesto el envío al paro de centenares de periodistas que habían estado impartiendo dichas materias sin problema alguno, ya que previamente habían cursado el máster de Formación del Profesorado.
En su comunicado la FAPE señala: “Es inconcebible desde todo punto que la Administración educativa dé luz verde para el desempeño de una labor docente y, a los dos meses, tome la decisión contraria, ocasionando grave perjuicio a las personas a través de un tratamiento injusto, sin tener derecho a un plazo de alegaciones o a la posibilidad de aportar su expediente académico para que se pudiera comprobar que cuentan con un gran número de créditos correspondientes a asignaturas en la carrera directamente relacionadas con el currículo de Secundaria y Bachillerato. También se han registrado decenas de casos de los profesionales titulados en Periodismo y Ciencias de la Comunicación que cumplían los requisitos exigidos para impartir las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura y Lengua Extranjera en centros concertados y privados, en los niveles de ESO y Bachillerato”.
El tratamiento del problema es además distinto según las comunidades autónomas, en el caso de Aragón, la Plataforma de Periodistas Vetados señala en su web “No podemos acceder a las bolsas extraordinarias en la pública. Sin datos sobre la situación en la privada y en la concertada”.
Desinterés de los políticos
La FAPE ha presentado una lista de peticiones para solucionar el problema a las autoridades educativas y los grupos parlamentarios, que de momento no han tenido respuesta. En su comunicado señala:
Ni el anterior ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ni la actual titular del departamento, Isabel Celaá, han querido profundizar en el asunto para buscar una solución al problema, pese a las buenas palabras del primero. La también portavoz del Gobierno que preside Pedro Sánchez, pese a confirmar la celebración de un encuentro, en dos ocasiones, aunque sin perfilar fecha, no ha considerado conveniente mantenerlo, bien ella o algún alto cargo de su Ministerio. Lo mismo ha ocurrido con los diferentes grupos políticos que, en algunos casos, prometieron presentar iniciativas. Tan solo Ciudadanos registró una proposición no de ley que ha decaído con la disolución de las Cortes Generales por la convocatoria de elecciones.
Teniendo en cuenta que consideramos inadmisible que un graduado o licenciado en Comunicación, no esté habilitado para impartir la asignatura de Lengua Castellana y Literatura, a diferencia de los grados de Humanidades, algunos de los cuales apenas cuentan con asignaturas relacionadas con la materia, y ante este bloqueo de lo que se entiende como una situación injusta y llena de lagunas que deben resolverse por la vía política para modificar el Real Decreto, la FAPE ha planteado la correspondiente queja ante el Defensor del Pueblo, a la que ya se ha asignado número de registro.
Entre las incongruencias que rodean este tema se da el caso de que la Secretaría General de Universidades del Ministerio de Educación certificó, el 9 de junio de 2017, que el título de licenciado en Periodismo y el certificado de aptitud pedagógica obtenidos por una personas “se ajustan a la definición establecida en el artículo 3.1 a) y al nivel de cualificación 11 c) de la Directiva 2005/36/CE”. Lo que no permite en España.
Asimismo, se pide que se tenga en cuenta el Dictamen del Consejo Escolar de Estado 2/2015 en el que señala lo siguiente: “Teniendo en cuenta el currículo de estas materias y las asignaturas que conforman el plan de estudios de Periodismo, se considera la formación inicial de estos licenciados para impartir ‘Lengua y Literatura Castellana’ y ‘Literatura Universal’”.
Una vez más nos preguntamos si la profesión y la titulación carecen de prestigio, ¿por qué permite la Administración que se sigan ofertando titulaciones de Periodismo y Comunicación en las Universidades españolas?
