La FAPE reprueba la campaña de acoso de Vox contra los periodistas

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La Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), reunida en Madrid, acordó manifestar su profunda preocupación por la campaña de acoso emprendida por Vox contra los periodistas, que supone una clara vulneración de los derechos constitucionales a la libertad de expresión y de información. Denuncian los compartamientos agresivos para impedir entrevistas, los vetos a periodistas en las ruedas de prensa, la exclusión de los grupos de WhatsApp y las amenazas de cierres de medios.

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La FAPE insta a Vox a que ponga fin al acoso a los periodistas y a los medios de comunicación y a que apueste por una política de transparencia que incluya la libertad de crítica aunque ésta no sea de su agrado. Discriminar a los periodistas en función de si lo que publican es o no de su agrado no tiene cabida en una democracia, señala en un comunicado. Además, rechaza las amenazas de cierre de medios expresadas por Vox y  le conmina a que respete la libertad de prensa, uno de los pilares del sistema democrático y garantía de la necesaria pluralidad informativa que permite a los ciudadanos formarse su propia opinión.

La FAPE reitera que en una democracia la función de los medios de comunicación reside en dar a conocer a los ciudadanos libremente, y según sus respectivos criterios editoriales, cuantos acontecimientos suceden en el país y en especial los que protagonizan o afectan a los representantes públicos por la importancia que tienen sus decisiones en la vida de los ciudadanos.

Tratar de cercenar el derecho a la información mediante vetos y amenazas vulnera derechos fundamentales, impide el examen a fondo de la actividad y la inactividad de los representantes elegidos por los ciudadanos, obstaculiza el libre intercambio de ideas y hurta a la opinión pública información imprescindible para la toma de decisiones.

La Junta Directiva de la FAPE se solidariza con los medios y periodistas vetados por Vox y les anima a seguir ejerciendo el control independiente de los poderes, que es la mejor forma de garantizar el derecho de información de los ciudadanos.