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Noticias Portada - 28 de diciembre de 2018

La FAPE respalda la petición de los periodistas de Baleares para que el juez explique si el material incautado ha sido abierto o manipulado

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La FAPE califica de un primer paso positivo la orden del juez instructor del caso Cursach, Miguel Florit, para que se devuelva el material incautado a los periodistas de Baleares, al mismo tiempo que respalda la solicitud de los informadores de que se les comunique por escrito si se ha realizado o no cualquier “apertura, examen, inspección, registro, copia o manipulación” de los mismos.

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El material fue incautado por la policía a los periodistas de Europa Press y Diario de Mallorca, Blanca Pou y Francisco Mestre, respectivamente, así como en la delegación de Baleares de la agencia de noticias. En un escrito, los periodistas han solicitado que se les cite para la devolución de los objetos -dos teléfonos móviles y dos ordenadores corporativos- y se les notifique en debida forma la resolución para su restitución.

En la solicitud, presentada ante el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, también piden que se les informe por escrito sobre “el lugar o lugares” donde han estado los dispositivos, “las personas que han tenido acceso a los mismos” y sobre la “realización o no” de cualquier “apertura, examen, inspección, registro, copia o manipulación” de los mismos. Asimismo, reclaman que en el caso de que se hayan extraído, copiado o examinados datos, se les informe por escrito acerca de qué datos han sido y en qué lugar se han almacenado.

La FAPE y la Asociación de la Prensa de las Islas Baleares (APIB) condenaron desde el primer momento la incautación del material de trabajo por considerarla desproporcionada y una clara vulneración del derecho fundamental de los periodistas al secreto profesional. Ambas organizaciones de periodistas exigieron la inmediata devolución del material incautado y alertaron sobre el riesgo para el ejercicio libre del periodismo que suponía una medida sin precedentes.

Aunque el material incautado sea devuelto a los periodistas, tanto la FAPE como su asociada APIB consideran que la orden judicial ha causado ya un grave daño al derecho al secreto profesional, base de las relaciones entre los periodistas y las fuentes. El secreto profesional no solo es un derecho constitucional fundamental de los periodistas sino que es un deber que les obliga a mantener la confidencialidad de sus fuentes.

Sin el secreto profesional, muchos de los casos de corrupción y abusos de poder ocurridos en nuestro país nunca hubieran sido conocidos por los ciudadanos y eso fue posible gracias al trabajo de los periodistas, en cumplimiento de su función democrática de difundir información veraz y de interés general.

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