Reporteros Sin Fronteras y La Quadrature du Net (una ONG, con sede en París, que defiende los derechos y libertades de los ciudadanos en Internet) consideran que una empresa privada no está capacitada para decidir como deben tramitarse las peticiones de los internautas que reclaman este derecho, ya que pueden verse implicados sus propios intereses económicos. Por esa razón, ambas organizaciones han hecho una serie de recomendaciones para que los poderes públicos las tengan en cuenta.
¿Cómo se puede conseguir un equilibrio entre la protección de la privacidad y el derecho a la información? Esta es la pregunta a la que buscadores como Google, Yahoo y Bing han tenido que enfrentarse desde el pasado 12 de mayo, cuando el TJUE dictó su sentencia en el caso Google contra Costeja.
Este fallo judicial obliga a los motores de búsqueda a purgar sus resultados para asegurarse de que no incluyan enlaces con contenido que pueda afectar a la privacidad de alguien que así lo solicite. Se consagra así el derecho a ser olvidado y empresas del sector privado como Google, Yahoo y Microsoft se convierten, a partir de ahora, en garantes de nuestras libertades fundamentales.
En los últimos meses, Google ha celebrado una serie de encuentros públicos en las capitales más importantes de Europa para tratar este tema. El pasado jueves, el comité asesor de la compañía con sede en California estuvo en París. El objetivo de estos foros es definir las reglas que empleará la compañía para aplicar el derecho a desaparecer de las búsquedas digitales, según se desprende de la sentencia del TJUE.
Una empresa comercial, que no está sujeta a ningún control democrático, no puede ser un árbitro legítimo. Eso no quiere decir que las agencias nacionales de protección de datos como la Comisión Nacional de Francia para la Tecnología de la Información y de las Libertades (CNIL) sean la alternativa más deseable, ya que éstas dan siempre la última palabra en cualquier disputa entre el buscador y el individuo a quien quiere ser olvidado. Ni una parte ni la otra tienen el poder ni competencia suficientes para asegurar un equilibrio entre la privacidad y la libertad de información. Por lo tanto, corresponde a los legisladores poner este delicado asunto en la balanza.
Reporteros Sin Fronteras y La Quadrature du Net han pasado varias semanas elaborando un informe con recomendaciones para las autoridades. Con ellas se pretende conseguir que el respeto a la privacidad pueda reconciliarse con la libertad de expresión y ofrecer a los ciudadanos una explicación más comprensible de lo que está en juego con el derecho al olvido, para que ellos, a su vez, puedan presionar a las autoridades para que estas garanticen un equilibrio sostenible entre estos dos derechos fundamentales.
Publicado en Reporteros Sin Fronteras.
