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Otras Noticias - 16 de marzo de 2016

El comité de empresa de Chip Audiovisual, que elabora los informativos de Aragón TV, denuncia 10 años de precariedad laboral

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El comité de Empresa de Chip Audiovisual ha comparecido en la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón. Ha expuesto la situación en la que trabaja la redacción para elaborar diariamente los informativos y ha planteado la necesidad de que se mejoren las condiciones físicas del espacio a la vez que se cumplan las leyes que regulan el sector, como la creación del Consejo Asesor de la CARTV.

FOTO: Alex Sahún

FOTO: Alex Sahún

La presidenta del comité, Ana Cavero, que ha hecho de portavoz, ha explicado que hay poco espacio para los 133 trabajadores de esta empresa, ubicados en el edificio que alberga la CARTV, y ha pedido ampliar las instalaciones o mejorarlas para que haya puestos fijos y más ordenadores. Y con mejores condiciones de salubridad.

En respuesta a algunos grupos parlamentarios, que han expresado que las audiencias demuestran que el modelo funciona, Cavero ha insistido que a costa de qué, cuando se realizan contratos por días o incluso por horas. Ha insistido en la precariedad laboral de los trabajadores que realizan este servicio público cuando después de 10 años se continúa con un contrato temporal, por obra y servicio. Y ha recordado que algunas leyes que regulan el sector no se están cumpliendo de forma íntegra, como por ejemplo la constitución del Consejo Asesor de la CARTV, pero también se ha pedido el Consejo de Informativos que existe en RTVE.

Además se ha solicitado a las Cortes de Aragón que estén vigilantes en las contrataciones públicas en cuanto a condiciones laborales del personal, contratación de discapacitados y política de conciliación laboral que, ha dicho Cavero, en nuestra empresa “no existe”.Que el gobierno de Aragón cumpla con su compromiso de primar a las empresas socialmente responsables en los contratos públicos. En este punto, el comité de CHIP Audiovisual propuso que se plantee un plan de inspección de las empresas subcontradas por la administración pública aragonesa para que se cumplan esas condiciones.

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