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La FAPE firma una declaración en defensa de unos medios públicos veraces, libres e independientes

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La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) se ha adherido a un manifiesto, junto con otras organizaciones como la Plataforma en defensa de la libertad de información, la Asociación de Usuarios de la Comunicación y la Federación Española de Sindicatos de Periodistas (FESP), con el objetivo de dar la voz de alarma ante la grave situación que vive actualmente el servicio público estatal de comunicación en España.

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En esta declaración, los firmantes denuncian que “Radiotelevisión Española (RTVE) arrastra serios problemas, tanto en su dependencia crónica de los poderes políticos o en su situación económica como en su conversión en un servicio público de comunicación multiplataforma y multimedia, vital para el próximo futuro, y en su incapacidad de involucrar a la ciudadanía en una participación activa en sus medios públicos”.

Las entidades que suscriben la declaración exponen que la actual administración de la RTVE, con un carácter provisional, “no ha podido lógicamente abordar un plan estratégico de la Corporación ni la negociación de un nuevo mandato marco y un contrato programa actualizados”. A esta situación se añade “un presupuesto fuertemente recortado en los últimos años, mientras RTVE continúa perdiendo influencia social y audiencia, y es incapaz de abordar el plan de futuro y la transformación digital que el servicio público de comunicación estatal y la sociedad necesitan”. Además, “el concurso público que debía resolver el eterno problema de su gobernanza, para alcanzar una independencia real frente a los gobiernos de turno, ha quedado paralizado por la disolución de las Cortes Generales” y la convocatoria de elecciones generales.

Para la FAPE y el resto de organizaciones que suscriben la declaración, “el espacio público de comunicación necesita una profunda regeneración y su existencia, como la de la educación o la sanidad, debería estar a salvo de cualquier lógica económica o partidista. Un servicio público de comunicación es, o debería ser, sinónimo de igualdad, accesibilidad, objetividad y todos aquellos valores que vertebran una sociedad formada e informada, más justa, solidaria e igualitaria”.

El manifiesto recoge una serie de acuerdos mínimos por parte de los firmantes, acuerdos que también trasladan a los partidos políticos en plena campaña electoral:

Respeto a los resultados del concurso público que se convocó con la anuencia de todos los grupos parlamentarios y su participación que, aun respetando la soberanía y representatividad del Congreso y el Senado, designó a 20 candidatos para la Presidencia y el consejo de administración de RTVE.

Compromiso explícito de culminar ese proceso inmediatamente después de las elecciones para recuperar la independencia y profesionalidad de RTVE, con la elección de los órganos directivos por mayoría reforzada de dos tercios en el Parlamento español, sobre la base del citado concurso.

Es necesario un proceso urgente de rearme financiero del servicio público y de refuerzo de sus misiones como tal, incluyendo las que responden a las nuevas demandas sociales en las redes y dispositivos digitales.

Compromiso expreso de abrir, tras la constitución del próximo Parlamento y el Gobierno, un proceso de discusión pública abierto y transparente, con participación de profesionales, expertos y organizaciones sociales, para abordar la reforma en profundidad del servicio público de comunicación y de la regulación del sistema audiovisual en todas sus dimensiones, exigida por los cambios tecnológicos y sociales de la última década y por la calidad de nuestra democracia.

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