La Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Federación Europea de Periodistas (FEP) consideran urgente que se garanticen los derechos de autoría de los profesionales de la información españoles, cuya falta de protección actual provoca serios daños a la credibijlidad periodística. Una delegación conjunta de ambas organizaciones se entrevistó en Madrid con representantes de los grupos parlamentarios de PSOE, Ciudadanos, Unidos Podemos y PP para pedir que apoyen la plena protección de esos derechos cuando nuestra legislación incorpore la futura Directiva Europea sobre Copyright, actualmente en debate.
La ronda parlamentaria siguió a una reunión del Grupo de Expertos sobre Derechos de Autoría (AREG) de la FEP, que se celebró el lunes en Madrid como muestra de solidaridad con las organizaciones españolas integrantes de la Federación continental: Comisiones Obreras (FSC-CC.OO.), que ejerció de anfitriona; Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP); Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y Eusko Langileen Alkartasuna-Solidaridad de los Trabajadores Vascos (ELA-STV).
«Nos preocupa que España no está cumpliendo efectivamente con la Convención de Berna y que los periodistas no tienen acceso a la Justicia», dijo el británico Mike Holderness, presidente de AREG. La consideración de contenidos informativos como obras colectivas impide que los profesionales de la información españoles puedan reclamar el reconocimiento de sus derechos de autoría, ya sea como derecho moral (a la propia autoría y a la integridad de la obra) o como derecho económico (remuneración por su reutilización).
Desde la Federación Europea de Periodistas y su grupo especializado AREG se exige que los periodistas sean reconocidos como autores del trabajo que crean, tengan control sobre el uso futuro del mismo y reciban por ello una remuneración equitativa. Frente al sistema angloamericano que priva a la mayoría de profesionales de esos derechos y que considera la obra periodística como una simple mercancía o bien de consumo, la FEP defiende con firmeza la protección jurídica de los derechos de autoría de los profesionales de la información en su doble perspectiva de derechos morales y económicos.
El control profesional sobre su trabajo es clave para mantener los estándares éticos y, por tanto, para garantizar un periodismo de calidad al servicio de la ciudadanía. Como dijo Marta Barcenilla desde la organización anfitriona FSC-CC.OO., «tenemos que reconstruir la credibilidad de la prensa en España, y eso incluye la protección de los derechos morales de los periodistas para asegurar la integridad de su trabajo». La mejora de la credibilidad informativa pasa por reforzar el vínculo entre quienes ejerce el periodismo y su obra, vínculo que en Europa se considera irrompible e irrenunciable para sus autores.
En ese contexto, los cuatro grupos parlamentarios reconocieron la importancia de la protección de los derechos de autoría de los periodistas y la necesidad de superar las lagunas de la legislación española. También coincidieron en trabajar junto con la FEP, la FIP y sus organizaciones afiliadas para enmendar la Ley de Propiedad Intelectual española y abogar por la protección de los derechos de autoría periodísticos en el ámbito de la Unión Europea. Holderness consideró «alentador» el interés mostrado por los grupos parlamentarios, su conocimiento de los problemas de la profesión periodística y las negativas consecuencias para la calidad informativa de la falta de reconocimiento de esos derechos a sus autores.
Pamela Morinière, experta en derechos de autoría de la FIP, rechazó los contratos injustos que incluyen la cesión absoluta de tales derechos, y apostó, en línea con la Directiva en elaboración, por un «triángulo de transparencia» para resolver la indefensión de los periodistas en ese ámbito. Se trataría, primero, de elaborar un informe anual sobre la explotación y los beneficios generados a las empresa por los trabajos periodísticos. Los profesionales de la información tendrían, después, la posibilidad de reclamar el correspondiente pago adicional cuando esa explotación vaya más allá de lo acordado. Y en tercer lugar, en caso de desacuerdo, deberían tener la oportunidad de apelar a mecanismos de arbitraje o a un tribunal.
