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La PDLI se queja al ministro del Interior por las repetidas trabas policiales a la labor periodística

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La presidenta de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), Virginia Pérez Alonso, ha enviado una carta al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para transmitirle su “más firme queja ante repetidas actuaciones policiales contra el ejercicio de la libertad de información y ante las trabas a la labor de periodistas en el ejercicio de su función”. En su escrito, la PDLI traslada al ministro el último episodio conocido: la denuncia del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG) de los impedimentos que la Policía Nacional puso a la prensa para realizar su trabajo durante el desalojo de un Centro Social Ocupado en Santiago y destaca que “lamentablemente no son casos aislados”.

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En el texto de la carta, se señala que en los dos últimos años han sido “constantes” las “sanciones y amenazas” a informadores por parte de la Policía se han producido de manera constante. “Desde la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) venimos denunciando que estas sanciones contra la libertad de información responden a un patrón: su ‘camuflaje’ bajo infracciones genéricas como “faltas de respeto y consideración” a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o ‘resistencia a la autoridad’”, señala Virginia Pérez.

La PDLI destaca que los propios datos de ese ministerio revelan que las multas por estas dos motivos aumentaron significativamente en 2016 respecto al año anterior, alcanzando un total de 31.591 sanciones: una cifra que consideran “desproporcionada con la situación real de la seguridad ciudadana en España”, una situación que califica de “censura camuflada”.

Tras hacer un repaso por algunos casos concretos denunciados por la Plataforma –para ilustrar “el patrón de conducta policial que le reprochamos”, indican– la PDLI recuerda que en todos ellos, la Defensora del Pueblo, a instancias de la PDLI, ha advertido a Interior que “la Policía está obviando la circunstancia de que la persona a quien se va a sancionar puede estar ejerciendo un derecho fundamental, como informar o participar en una protesta, lo que convierte a gran parte de estas multas en inconstitucionales”, señalan.

La PDLI cierra el escrito insistiendo en que “el derecho a la información es un pilar esencial de la democracia y debe impedirse cualquier obstáculo para que hechos relevantes, incluyendo las actuaciones policiales, lleguen al conocimiento de la ciudadanía”. Por último, la PDLI insta al ministro “a que cese, de manera inmediata, este tipo de actuaciones, y a garantizar, siguiendo el mandato constitucional al que está sujeto, que el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de información, pilar básico de la democracia, deje de estar amenazado por actuaciones policiales de cualquier tipo”.

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